El debate que marca el inicio de cada ciclo escolar ha vuelto a la mesa. El regreso a clases no solo trae mochilas y cuadernos, sino también la polémica eterna sobre las famosas cuotas escolares. Aunque la ley las define como “voluntarias”, su aplicación en el terreno de las escuelas públicas a menudo se presentan como una exigencia que divide a la comunidad de padres de familia.
El dilema de las cuotas pone en evidencia la brecha entre la ley y la realidad del sistema educativo. Mientras una parte de los padres considera el pago como una necesidad para la el mantenimiento de las escuelas, otro sector defiende que la educación pública debe ser gratuita en todos los sentidos y que el Estado es el único responsable de la infraestructura y el funcionamiento de las escuelas.
A pesar de que las prácticas de condicionar la inscripción a la cuota son cada vez menos comunes, las solicitudes de “cooperación” persisten en las reuniones de padres, manteniendo vivo el debate. Así, mientras las asociaciones de padres se organizan para cubrir las carencias más urgentes, el dilema sobre quién debe financiar la educación pública sigue sin resolverse.
La incertidumbre persiste, y la pregunta sobre si estas cuotas son una ayuda voluntaria o una obligación disfrazada permanece en el aire año tras año, en un ciclo que parece no tener fin.
