El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ha escalado de ser un crimen local a una crisis de seguridad nacional, poniendo en entredicho el apoyo que la Federación brindó a un alcalde que se sentía acosado por el crimen organizado.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado el «vil asesinato» y ha convocado de urgencia a su Gabinete de Seguridad, prometiendo que el crimen no quedará impune. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se ha encargado de entregar los detalles sobre el esquema de protección que tenía Manzo. Según sus declaraciones, el alcalde contaba con un esquema de seguridad asignado desde diciembre y reforzado en mayo, que incluía elementos de la Guardia Nacional y la policía municipal, sumando cerca de catorce elementos y dos vehículos oficiales.
Voces críticas en el Altiplano potosino no han cesado, enfocándose precisamente en la calidad y suficiencia de ese apoyo. Si bien Manzo agradeció el respaldo de la Presidenta en junio, previamente había alzado la voz de forma reiterada pidiendo apoyo federal ante la violencia, llegando a afirmar: «No quiero ser otro de los ejecutados». Los hechos demuestran que, a pesar de la protección, el blindaje falló.
El debate se centra ahora en que El Gobierno Federal subestimó el riesgo real que enfrentaba un alcalde que se atrevió a confrontar directamente a los cárteles. Algunos críticos señalan que la Secretaría de Seguridad debió insistir en un esquema de seguridad más robusto o incluso tomar el control total de su protección dada la peligrosidad de la zona.
El arma homicida, según las investigaciones, está relacionada con agresiones previas entre grupos delictivos de la región, lo que confirma que el ataque fue parte de una guerra territorial en la que el alcalde se había convertido en alguien incómodo.
El impacto político inmediato se ha traducido en movilizaciones en Michoacán, con consignas directas contra la administración de Morena a nivel estatal y federal que reflejan una crisis de confianza. Aunque una «revuelta» nacional es un término extremo, el asesinato ha encendido una poderosa alarma electoral para el partido en el poder.
La oposición utiliza el caso para señalar que la política de seguridad ha fracasado en garantizar la paz. La presión es máxima para la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá mostrar una respuesta contundente y un cambio de rumbo que vaya más allá de condenar el asesinato por varios días, en un discurso repetitivo, para evitar que la percepción de inseguridad se traduzca en un costo político mayor en las urnas.