Desde los primeros días del 2025, la administración municipal del presidente Raúl Ortega adquirió un gasto de un millón de pesos mensuales en el arrendamiento de maquinaria para el relleno sanitario, misma que según varias fuentes es propiedad de un funcionario estatal. Este espacio se ha vuelto un lugar de negocio, toda vez que recientemente se realizó una licitación irregular para que una empresa, que no es local, sea la proveedora de este servicio. El objetivo es cambiar la fuente de financiamiento de «gasto corriente» a Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), buscando presentar esta erogación como una inversión que les deje beneficios personales y los libre de observaciones en auditorías.
El Gobierno Municipal de Matehuala vuelve a estar en el ojo del huracán con el proceso amañado de licitación usando al relleno sanitario como víctima para hacer movimientos económicos opacos ante los ciudadanos. La empresa, a quien, favorecieron arrendará ocho unidades de maquinaria pesada, supuestamente las mismas que ya están en operación. destinada a mejorar o expandir la capacidad operativa del relleno sanitario.
La licitación ha generado controversia debido a la exclusión de empresas locales, lo que levanta dudas sobre la transparencia y la equidad del proceso competitivo. La adjudicación, según fuentes cercanas, recayó en una persona identificada como Miguel Reyna, quien sería un prestanombres de un funcionario estatal y que abre una serie de dudas del por qué la empresa ya operaba en el relleno sanitario, pero a la vez aclara el por qué la licitación se hizo de un día para otro y por qué dejaron fuera a empresarios locales.
El capital para pagar esta renta se tomaba del gasto corriente, que se refiere a las erogaciones que un gobierno realiza para su operación diaria y el mantenimiento de los servicios públicos existentes. Al reclasificar el gasto, y ahora tomarlo del Fortamun, el municipio intenta aparentar una inversión a largo plazo usando dinero del Ramo 33. Esto podría permitirles acceder a diferentes partidas presupuestarias o justificar un monto que, bajo la categoría de gasto corriente, podría ser más cuestionado por ser una cifra elevada y que acarrearía problemas con la auditoría anual del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE)
Por otra parte, las acusaciones de que un funcionario estatal se beneficia de este arreglo de un millón de pesos mensuales elevan el nivel de la preocupación. Esto implicaría una gran red de corrupción. La mención del alcalde Raúl Ortega como quien supuestamente facilita este beneficio, sugiere una estructura más compleja detrás de la gestión de estos fondos públicos, pues no habría servidor público que defienda los intereses de los ciudadanos de Matehuala.
