La seguridad en San Luis Potosí enfrenta un panorama crítico debido a la falta de certificación de sus cuerpos policiales. Actualmente, el 80 por ciento de los agentes municipales en todo el estado no han presentado los exámenes de control y confianza. Esta situación es alarmante, ya que significa que la gran mayoría de los oficiales encargados de la vigilancia local no cuentan con el perfil de confianza que exige la ley para portar un arma o proteger a la comunidad.
Esta falta de preparación ha quedado expuesta con incidentes graves, como el ocurrido en Ciudad Valles, donde se descubrió a policías municipales participando en casos de extorsión. Ante estos hechos, el gobierno estatal y el municipal han iniciado investigaciones para sancionar a los involucrados y limpiar la corporación. Sin embargo, este caso es solo un síntoma de un problema mayor con la falta de inversión de los ayuntamientos en sus propias policías.
El Gobierno del Estado ha señalado que los municipios reciben recursos federales mediante el Ramo 33, dinero que debe usarse específicamente para mejorar la seguridad. No obstante, al ver que ocho de cada diez policías no están certificados y que muchos ni siquiera han recibido un aumento de sueldo, surge la duda sobre el destino final de esos fondos. Es una contradicción que el dinero entre a las arcas municipales pero que no se vea reflejado en el equipo ni en la calidad de los agentes.
Para frenar esta desatención, se ha propuesto una iniciativa de ley que busca obligar a los alcaldes a cumplir con sus responsabilidades. Bajo esta propuesta, los presidentes municipales que no autoricen los incrementos salariales a sus elementos o que no inviertan correctamente el presupuesto en seguridad estarían cometiendo un delito. Con esto se busca que la seguridad deje de ser un tema opcional para los ayuntamientos y se convierta en una prioridad vigilada por la ley.
