En un discurso marcado por la contradicción y el deslinde de responsabilidades, la alcaldesa de Charcas, Marisol Nájera Alba, calificó la crisis de desabasto de agua en el municipio como un «tema político mediático». Con esta declaración, la edil sugiere que las constantes quejas de la población no corresponden a una carencia real, sino a una narrativa fabricada por los medios de comunicación y adversarios políticos, calificando de mentirosos a los ciudadanos que denuncian la falta del líquido.
A pesar de asegurar que los pozos operan al 100 por ciento de su capacidad, la funcionaria reconoció minutos después que la red de conducción y distribución es obsoleta, lo que impide que el agua llegue a los hogares. Mientras Marisol Nájera sostiene que la zona centro no padece desabasto, habitantes de diversos sectores han reaccionado con indignación y burla, señalando que la alcaldesa «trae la realidad bien alterada», pues a la falta de agua se suma la deficiencia en los servicios de limpieza que mantiene sin atención a las colonias.
La incoherencia en las cifras oficiales expone la magnitud del problema que la administración intenta minimizar. De acuerdo a la propia alcaldesa, Charcas cuenta con una infraestructura de almacenamiento diseñada para abastecer apenas a 5 mil habitantes, mientras que la población actual supera los 15 mil. Para cubrir el desabasto que afecta a más de 10 mil personas que no reciben agua por la red dañada, el Ayuntamiento dispone únicamente de dos pipas. Contrario al discurso oficial de apoyo, los ciudadanos denunciaron que deben pagar de su propio bolsillo para que se les abastezca mediante particulares, desmintiendo que las unidades municipales sean una solución efectiva o gratuita.
Aunque la alcaldesa anunció que recibira 15 millones de pesos de parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para renovar la infraestructura obsoleta, el recurso no se traduce en soluciones inmediatas. Para los afectados, calificar la crisis como un «tema mediático» es una táctica para invisibilizar que los ciudadanos siguen pagando recibos por un servicio que no reciben, y cuestionan en dónde queda el dinero que ingresa, mientras la autoridad municipal prioriza su imagen política por encima de la crisis de agua que se vive en los hogares de Charcas.