La organización Ciudadanos Observando ha hecho pública una denuncia que pone en entredicho la transparencia de la Secretaría de Bienestar en la región Altiplano. El señalamiento principal describe una supuesta red de usurpación de funciones, donde personas ajenas a la nómina oficial estarían operando programas federales con total libertad y bajo el presunto respaldo del delegado estatal, Guillermo Morales López, y del director regional y expresidente de Villa de La Paz, Jorge Armando Torres.
Según los testimonios presentados, en municipios como Charcas, Venado y Santo Domingo, se ha detectado a Aarón Alberto Alemán Rodríguez, Edgar Alejandro Luna Coronado y Samuel Gómez Izquierdo realizando tareas que corresponden legalmente de forma exclusiva a los Servidores de la Nación. A pesar de no contar con un nombramiento vigente, estas personas tendrían acceso a información sumamente sensible, como datos personales de beneficiarios, fechas de incorporación y la entrega directa de tarjetas bancarias.
Lo que más llama la atención en esta denuncia es la evidencia física y digital, pues se afirma que estas persona1s utilizan vehículos oficiales, portan los chalecos institucionales y se presentan ante la ciudadanía como personal del Gobierno Federal. Incluso, en sus propias redes sociales han publicado fotografías realizando estas actividades en fechas recientes, como febrero de 2026 y abril de 2025, contrastando con los registros oficiales que indican que algunos de ellos causaron baja de la dependencia desde hace varios años, o que simplemente nunca han estado registrados como servidores públicos.
La preocupación de quienes exponen este caso, y que han solicitado el anonimato por temor a perder su trabajo, es que se esté utilizando la estructura de los programas sociales y entregando dinero de programas del bienestar a personas ajenas al partido para construir candidaturas de cara al proceso electoral de 2027. Además, señalan que los intentos de denuncia formal han sido frenados por Armando Torres, quien presuntamente protege a estos colaboradores externos.
Este enredo plantea interrogantes serias sobre el manejo de los recursos públicos y la seguridad de la información de los beneficiarios en el Altiplano. Es preocupante para los denunciantes, que presutos usurpadores estén tomando el control de los apoyos federales bajo la protección de la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar sin las garantías que sean entregados a los beneficiarios.