La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una propuesta para que los abusos laborales dejen de ser solo multas y se castiguen con prisión. Esta iniciativa busca proteger principalmente a personas vulnerables, como trabajadores del campo, migrantes, indígenas y personas con discapacidad.
La reforma al Código Penal del Estado pretende castigar a los patrones que realicen prácticas injustas. Entre ellas destacan pagar menos del salario mínimo, entregar el sueldo en mercancía en lugar de dinero o quitarle parte del salario al empleado como forma de castigo. También se busca sancionar a quienes obliguen a su personal a trabajar jornadas excesivas sin los descansos que marca la ley.
Un punto clave de la propuesta es que las penas de cárcel podrían aumentar hasta un cincuenta por ciento cuando el abuso se cometa contra personas en situación de vulnerabilidad. Esto se hace para reconocer que estos grupos suelen enfrentar mayores dificultades para defender sus derechos.
Además del castigo penal, se busca que las autoridades estatales y municipales implementen protocolos obligatorios para evitar el acoso y el hostigamiento sexual en los espacios de trabajo. La iniciativa se encuentra ahora en revisión por parte de las comisiones del Congreso para su posible aprobación.