La situación de salud en el Altiplano potosino ha dejado de ser un tema de carencias aisladas para convertirse en un problema estructural que afecta la vida y el bolsillo de miles de familias. Mientras los presupuestos públicos se diluyen en salarios de altos funcionarios, la falta de especialistas y equipo básico está obligando a la población a buscar soluciones fuera de su propio estado.
Por años, la inversión en infraestructura de salud ha sido la «eterna promesa» en cada periodo electoral. Sin embargo, la realidad en los hospitales de la zona, como el de Matehuala, cuenta una historia distinta. Es difícil de explicar cómo, a pesar de los anuncios oficiales, no hay personal especializado para atender fracturas o cirugías de urgencia.
Esta falta de atención ha tenido consecuencias fatales, pues cuando un servicio que debería ser público y accesible exige pagos inalcanzables para una familia promedio con cifras de hasta 50 mil pesos que se han llegado a pedir por una intervención de emergencia; con esto el sistema de salud deja de ser funcional y se convierte en una barrera.
De mantenerse esta tendencia, el impacto no solo será médico, sino también social y político. El hartazgo ciudadano por las soluciones que nunca llegan podría derivar en un futuro de elecciones vacías. La gente está cansada de promesas de campaña que se rompen frente a la pérdida de seres queridos. Ante la falta de especialistas, los habitantes del Altiplano se ven obligados a viajar a ciudades en Zacatecas o Nuevo León. Esta «moda» forzada genera una derrama económica que se queda en otros estados, simplemente porque en casa no existen las condiciones para ser atendidos.
Si el gobierno no reacciona, el siguiente paso natural será el surgimiento de convenios entre clínicas particulares y estados vecinos. Esto permitiría ofrecer traslados seguros las 24 horas y costos accesibles que el sistema público actual no garantiza.
Resulta contradictorio que las autoridades de salud perciban salarios elevados mientras operan un área que no entrega resultados. Mientras el dinero se destina a pagar nóminas administrativas, los ciudadanos siguen enfrentando la miseria de un servicio que no tiene ambulancias ni médicos suficientes para lo más básico.