En los últimos años, las leyes para proteger a los animales han ganado mucha fuerza, algo que representa un avance que merece reconocimiento. Sin embargo, este cambio ha dejado al descubierto la falta de apoyo real para las personas que sufren el ataque de un perro. Mientras que hoy es más fácil denunciar y castigar el maltrato hacia una mascota, quienes resultan heridos por un animal sienten que la justicia no camina con la misma rapidez para ellos.
A diferencia de otros incidentes, no existe un protocolo claro que obligue al dueño del perro a hacerse cargo de los gastos médicos de forma inmediata. Muchas personas heridas tienen que pagar de su propio bolsillo las curaciones, vacunas y, en casos graves, cirugías.
Esta situación genera desesperacioón, pues es común que, tras un ataque, el dueño del animal se desentienda del problema o incluso culpe a la víctima, dejando a la persona afectada no solo con dolor físico, sino también con el miedo de volver a caminar por su propio barrio. El vacío no está en la ley que protege al perro, sino en la falta de reglas que obliguen a los dueños a ser responsables de las acciones de sus mascotas.
A este escenario se añade la presión de las redes sociales, donde se ha vuelto común que las víctimas sean exhibidas tras el ataque. A pesar de haber actuado para proteger su vida o su integridad física, muchas personas son grabadas y señaladas públicamente como agresores por el simple hecho de defenderse. Esta reacción social ignora el sufrimiento de la persona herida y prioriza la imagen del animal, convirtiendo a quien fue atacado en el blanco de juicios y críticas injustas por parte de la comunidad.