En San Luis Potosí ha quedado al descubierto una problemática que afecta directamente el patrimonio de las familias, se trata de la existencia de redes de corrupción integradas por servidores públicos que colaboran en el despojo de inmuebles. De acuerdo con datos recientes, se han registrado 277 casos en lo que va del año, una cifra que refleja cómo empleados gubernamentales han utilizado sus cargos para facilitar la apropiación ilegal de terrenos y viviendas.
El esquema de operación de estos trabajadores del Estado se basa en la simulación de actos legales y el uso de documentos falsos. Al tener acceso a información privilegiada, estos servidores públicos logran engañar a los dueños legítimos y dar una apariencia de legalidad a las operaciones ilícitas. Estos delincuentes utilizan las herramientas del propio gobierno para dejar desamparados a los ciudadanos, rompiendo la confianza en las instituciones que deberían garantizar la seguridad jurídica.
Los grupos más afectados por este abuso de poder son las personas mayores de sesenta años y las personas con discapacidad. Esta mafia aprovecha la situación de vulnerabilidad de estos sectores para despojarlos de sus propiedades mediante engaños o presión moral, sabiendo que muchas veces las víctimas carecen de los medios para enfrentar un proceso legal complejo contra alguien que trabaja en la administración pública.
El Congreso del Estado busca que las leyes estatales castiguen de manera mucho más severa a cualquier servidor público que participe en estas redes. La intención es que el abuso de funciones y la traición a la ciudadanía no queden impunes, especialmente cuando se atenta contra los sectores más desprotegidos. La meta es desmantelar estas estructuras internas para asegurar que nadie pueda utilizar su empleo en el gobierno para arrebatar el patrimonio de los potosinos.
