El sistema educativo enfrenta una crisis de confianza marcada por el auge del «bullying inverso», un fenómeno en el que estudiantes utilizan su poder en la sociedad para acosar y humillar a sus docentes, especialmente a hombres. La manifestación más grave de esta tendencia es el uso de la acusación de acoso sexual como venganza o represalia, poniendo en riesgo la carrera y la libertad del profesor.
Docentes coinciden en señalar que esta modalidad preocupante de usar la denuncia de acoso sexual surge a menudo a raíz de conflictos académicos menores, como una mala calificación, un descuido en la entrega de tareas o una amonestación disciplinaria. El estudiante, al encontrarse en una posición de vulnerabilidad académica, aprovecha lo delicado del tema de acoso para amenazar o acusar al maestro.
Dada la rapidez con la que estas denuncias se difunden en redes sociales y la presión que ejercen los grupos de interés, la institución educativa a menudo se ve forzada a aplicar medidas, incluso antes de que se realice una investigación formal. Viralizar un señalamiento, sea verdad o mentira, destruye una reputación en horas. El profesor es automáticamente culpado ante la opinión pública.
Los maestros han comenzado a implementar rigurosos mecanismos de autoprotección para blindarse ante cualquier posible malentendido o acusación malintencionada. Estos incluyen evitar a toda costa cualquier conversación privada con un estudiante, mantener siempre la puerta del aula o de la oficina abierta si se atiende a un alumno, reunirse con estudiantes solo en presencia de otro docente, y reducir los comentarios escritos o verbales sobre trabajos para evitar malas interpretaciones.
Esta actitud, aunque justificada por la necesidad de preservar su integridad, mina la calidad educativa al destruir la comunicación personal y el apoyo individualizado que son esenciales para el desarrollo del alumno.
Las Leyes, si bien, protegen al estudiante, no ha evolucionado al mismo ritmo que las dinámicas de acoso y las represalias contra los profesores. Existe un vacío legal que deja al docente desprotegido ante falsas acusaciones. La demanda de los gremios magisteriales es que se garanticen protocolos de investigación que aseguren el debido proceso y la presunción de inocencia de maestros.
